La ley 34.390 (conocida como “beneficio de 2×1” en las sentencias judiciales) tuvo vigencia entre los años 1994 y 2001. Su espíritu era la limitación de la prisión preventiva y la demora en las sentencias para casos de delitos comunes. Deploramos que se haya tomado en consideración una ley que no existía al momento del inicio de la comisión de los delitos y que había sido derogada cuando finalmente se dio tratamiento judicial a los mismos. Y es necesario subrayar que los motivos de la demora en el tratamiento judicial de los delitos considerados fueron las leyes de obediencia debida y punto final (hoy derogadas y declaradas anticonstitucionales), por lo que el conjunto de invocar una ley ya derogada y con otro espíritu para beneficiar unicamente a personas que fueron parte activa del terrorismo de Estado sienta un precedente lamentable y peligroso.
Entendemos que la administración de justicia es un proceso complejo, pero creemos necesario señalar que complejo no debe ser sinónimo de opaco o indescifrable. Si los fundamentos de la administración de justicia no son transparentes a la ciudadanía, la rendición de cuentas por lo actuado se imposibilita, lo que abre la puerta a la discrecionalidad de los poderosos.
Siempre es deseable que los fallos se abstraigan del humor social y de la tentación de decidir lo que se interprete como el deseo de las mayorías. Sin embargo, quienes impulsaron este fallo necesariamente deben saber que el mismo va a ser interpretado en el contexto de este tiempo y de las posiciones sobre el tema que estén asumiendo otros sectores sociales e incluso otros poderes del Estado.
En estos 35 años posteriores a la última dictadura militar, la sociedad argentina ha construido una valiente y pionera política de memoria, verdad y justicia, si bien es claro que no todos los sectores sociales hemos hecho esfuerzos equivalentes: los organismos de Derechos Humanos han sido y son un ejemplo de perseverante búsqueda de verdad y justicia, y ciertamente las iglesias todavía tenemos mucho que reconocer, mucho por lo que pedir perdón, y mucho para transformar hacia adentro. Como iglesias, debemos reconocer que hemos sido mucho más evangelizadas que evangelizadoras en materia de derechos a la vida y a la dignidad. Este proceso colectivo de construcción de memoria, verdad y justicia ha sido posible también por el compromiso de sectores importantes (en prestigio y compromiso, si no en número) del Poder judicial argentino. Anhelamos profundamente que la máxima autoridad de la justicia en Argentina esté a la altura este patrimonio dolorosamente ganado -y, a la luz de lo expresado, aún en disputa- de la historia de nuestro país.
Buenos Aires, 7 de mayo de 2017
Gustavo Gómez Pascua
Pastor Presidente